La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un crédito fiscal del 30% del ISR para producciones que garanticen al menos 70% de proveeduría nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto. Esta medida busca, según la mandataria, atraer grandes producciones internacionales mientras fortalece las locales que antes buscaban otros territorios.
El plan incluye una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual que actualiza la legislación de 1992. Según Daniela Alatorre, directora del IMCINE, esta iniciativa moderniza la terminología jurídica para proteger al cine mexicano y reconoce el acceso a la cultura como derecho fundamental. La ley amplía su alcance al entorno digital y plataformas de streaming, mientras propone reformas para proteger derechos laborales frente al uso de inteligencia artificial.
En entrevista con El Heraldo de México, Karina Luján, directora del INDAUTOR, explicó que las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor buscan proteger específicamente a actores de doblaje y locutores, regulando por primera vez el cuidado de su imagen y voz ante el auge de la IA. "Hablamos de proteger sus empleos, de que no puedan ser sustituidos tan fácilmente por una voz artificial", señaló.
La visión integral incluye formación gratuita con certificación oficial en el Centro de Capacitación Cinematográfica y apoyo especial a producciones independientes y de pueblos originarios. Sheinbaum enfatizó que estas políticas buscan sostener todo el ecosistema cinematográfico, priorizando la creación artística sobre la lógica comercial. El plan se alinea con inversiones como los 1.000 millones de dólares que Netflix anunció para México, pero con una clara orientación hacia la protección de la identidad cultural y los derechos laborales.