El fantasma de la conflictividad social recorre Bolivia. Una huelga nacional convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) paraliza regiones clave del país, con bloqueos de carreteras y movilizaciones que crecen hora tras hora. El detonante inmediato es la exigencia de un aumento salarial del 15% y la defensa de los derechos laborales, en un contexto de inflación creciente que erosiona el poder adquisitivo de las mayorías populares.
Los mineros, columna vertebral de la protesta, marchan con dinamita en mano exigiendo mejores condiciones de trabajo y el fin de la persecución sindical. Denuncian que el gobierno de Luis Arce, lejos de cumplir las promesas del "Proceso de Cambio", aplica políticas de ajuste que benefician a las élites empresariales. La tensión es máxima en Potosí y Oruro, donde los bloqueos mineros cortan el suministro de combustible y alimentos.
El magisterio se sumó al paro con la suspensión total de clases en todo el sistema público. Los docentes reclaman un salario básico de 5.500 bolivianos y rechazan la migaja del 3% ofrecida por el Ejecutivo. La medida afecta a millones de estudiantes y profundiza la crisis educativa en un país donde la inversión en enseñanza pública sigue siendo insuficiente.
Detrás de la protesta social asoma una crisis política más profunda. El oficialismo, dividido entre el "arcismo" y el "evismo", no logra articular una respuesta. La represión no parece una opción viable, pero la falta de diálogo real agrava el conflicto. Mientras el gobierno insiste en llamar al "diálogo", los sectores movilizados exigen hechos concretos. La huelga nacional es un termómetro de un malestar que no se apaga con discursos. La pregunta que sobrevuela el altiplano es si el gobierno podrá contener la presión social sin recurrir a la fuerza. La historia reciente de Bolivia demuestra que cuando las calles hablan, los palacios tiemblan.
