La minera canadiense Sherritt International anunció la suspensión inmediata de sus empresas conjuntas en Cuba y la repatriación de sus empleados, después de que el régimen Trump ampliara las sanciones contra la isla. La compañía, que opera desde los años 90 en la mina de Moa (Holguín) extrayendo níquel y cobalto, se convirtió en uno de los blancos de una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo por Donald Trump, quien acusa a Cuba de ser una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las medidas contra Sherritt y el conglomerado estatal cubano Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía de la isla. Rubio justificó la ofensiva asegurando que la minera "lucra con activos expropiados a estadounidenses". La empresa, que alguna vez fue considerada un barómetro de las perspectivas económicas de Cuba, vio caer su valor de mercado de 4.800 millones de dólares canadienses en 2008 a apenas 176 millones hoy. Tres de sus directores renunciaron al directorio de forma inmediata.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó las sanciones como un acto de "crueldad" que agrava la difícil situación del país. El canciller Bruno Rodríguez fue más allá y denunció la "intención genocida" de Washington. Expertos de la ONU advirtieron que el bloqueo petrolero impuesto por el régimen Trump representa una "privación energética" con graves consecuencias para los derechos humanos de los 9,6 millones de cubanos.
La salida de Sherritt no es un hecho aislado: en febrero la empresa ya había suspendido operaciones por el bloqueo de combustible. Detrás de esta ofensiva hay una estrategia de asfixia total que busca doblegar a la isla por la vía económica. La solidaridad internacional y la resistencia del pueblo cubano serán clave para enfrentar este nuevo capítulo de una guerra que lleva más de seis décadas.
