Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026, el Gobierno porteño registró 621 desalojos que afectaron a 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. Así lo revela un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que también alerta sobre un cambio alarmante: en los primeros meses de 2026, el 58% de los desalojos fueron administrativos, sin orden judicial de por medio. En 2024, ese porcentaje era apenas del 2%. Las clausuras totales —que implican la evacuación completa del inmueble— pasaron del 2% al 56% en el mismo período.
Mientras tanto, el histórico Refugio Mariquita Sánchez, el primer dispositivo especializado en violencia de género y trata de la Ciudad con más de 40 años de trayectoria, fue desalojado en 48 horas. Las trabajadoras denuncian que el edificio, que había sido remodelado integralmente entre 2022 y 2024, fue vendido al sector privado. La capacidad pasó de 47 plazas a apenas 16, en un espacio que describen como precario y hacinado. "Un refugio no es un negocio inmobiliario. Un refugio salva vidas", denunciaron.
El propio Jorge Macri salió a defender la política de desalojos en una entrevista con TN. "Hay decisión política concreta", afirmó, y vinculó las usurpaciones con delitos como trata, trabajo esclavo y narcomenudeo. "La Justicia lo que necesita es un gobierno con decisión política", sostuvo, mientras celebraba la baja de los índices de inseguridad. Sin embargo, el informe de la Defensoría revela que el GCBA no cuenta con un protocolo unificado de actuación, ni realiza seguimiento de las trayectorias habitacionales de las familias expulsadas. El subsidio que ofrece no cubre ni el 25% de un alquiler.
