A punto de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la "Campaña Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad" convocó a un banderazo federal este miércoles 24 de junio en distintos puntos del país. La movilización busca denunciar el incumplimiento sistemático de la norma por parte del Gobierno Nacional y respaldar las denuncias penales presentadas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder.
La protesta, que nuclea a personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones, denuncia la profundización del colapso del sistema de prestaciones. Entre los reclamos concretos aparecen la baja del plan REMEDIAR, el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la eliminación del pasaje gratuito para personas con discapacidad, la situación en riesgo de las pensiones no contributivas y la multiplicación de obstáculos en el transporte. Las organizaciones advierten que el incumplimiento amenaza con hacer perder la vigencia de la norma, que vence a fin de año.
En la ciudad de Córdoba la concentración será a las 12.30 en Plaza San Martín, mientras que en Río Cuarto se hará a las 11 en la plaza central. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria arranca a las 11 en Congreso y a las 13 habrá movilización hacia Comodoro Py, donde se entregará un petitorio firmado para exigir celeridad en la investigación penal. La jornada incluye además clases públicas y asambleas en distintos puntos del país.
El colectivo también se pronunció en apoyo al pedido de juicio político firmado por los diputados Juan Marino y Pablo Todero contra Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, y respalda las denuncias penales que también alcanzan al secretario Alejandro Vilches y al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. La Ley 27793 fue aprobada el año pasado, Milei la vetó en agosto, el Congreso insistió con dos tercios, el presidente la promulgó en septiembre pero suspendió su ejecución, y recién en diciembre la Justicia declaró inconstitucional ese freno. La emergencia en discapacidad está declarada hasta el 31 de diciembre de 2026, pero el Gobierno sigue sin aplicarla.
