El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se reunió en Cartago, Costa Rica, entre el 19 y el 21 de enero de 2026, convocado por organizaciones campesinas, indígenas y redes comunitarias que defienden las semillas como patrimonio colectivo. Lejos de ser un gesto simbólico, el encuentro buscó examinar con rigor un campo de conflictos donde la vida de comunidades enteras está atravesada por decisiones económicas, técnicas y normativas que se presentan como inevitables pero que son, en verdad, opciones políticas.
Las organizaciones que comparecieron representan a pueblos que mantienen un vínculo ancestral con la tierra, las semillas y las prácticas agroecológicas. Para ellas, la semilla no es un insumo: es memoria material y futuro, tecnología viva acumulada durante siglos de selección, cuidado e intercambio comunitario. La agroecología que invocan es un modo de vida y de conocer, con consecuencias directas sobre la subsistencia, la salud, la autonomía alimentaria y la biodiversidad.
El Tribunal identificó mecanismos comunes que se repiten en todos los reclamos examinados. Denunciaron violencia explícita y coerción territorial: amenazas, desalojos, persecución de liderazgos y un clima de miedo que castiga la permanencia en el territorio. También señalaron un lobby ubicuo de grandes empresas transnacionales que presionan a gobiernos de todo signo mediante promesas de inversión, litigios estratégicos, puertas giratorias y la producción de informes "técnicos" que descalifican lo posible.
Otro hallazgo clave fue el vaciamiento de la justicia en la arquitectura legal formal. Las leyes y los tratados de libre comercio operan como cáscaras vacías que confieren apariencia de regularidad mientras desplazan el debate democrático. Se legisla para ordenar el mercado, no para proteger la vida; para estandarizar, no para reconocer diversidad. El derecho deja de ser un límite al poder y se vuelve tecnología de subordinación.
El TPP también constató un patrón de concentración de beneficios y socialización de riesgos: las ganancias se privatizan mientras la contaminación, la degradación de suelos, el endeudamiento y el éxodo rural se presentan como daños ajenos al modelo. A esto se suma la invisibilización sistemática mediante la fragmentación de los casos y la exigencia de pruebas de causalidad en escenarios donde el Estado no produce datos y los afectados carecen de recursos.
Finalmente, el Tribunal evidenció una nutrida representación de mujeres entre las personas afectadas, especialmente en la custodia de semillas y la transmisión de saberes. El daño no es solo económico o territorial: implica una afectación diferencial sobre sus vidas. El TPP solicitó a las organizaciones una hoja de ruta para continuar el procedimiento, alentando a mantener la coherencia colectiva sin suprimir la diversidad interna.
>> Declaración Final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Semillas
