El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) documenta 53 desapariciones desde que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en enero de 2024. Los registros se concentran en provincias costeras como Los Ríos, Guayas y Esmeraldas, y golpean sobre todo a hombres jóvenes de sectores populares, aunque también alcanzan a adolescentes. La cifra se conoce el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con una verdad incómoda: solo un caso terminó en condenas penales.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) reclamó verdad, memoria y justicia, y advirtió que no hay paz ni democracia posible mientras existan rostros sin respuestas oficiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en diciembre de 2025 medidas cautelares para 26 personas desaparecidas tras operativos militares y para seis mujeres que participan en su búsqueda. El caso de los cuatro niños del barrio guayaquileño Las Malvinas es el único que logró sentencia: Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina fueron interceptados por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 y sus cuerpos aparecieron calcinados semanas después.
Un tribunal del Guayas condenó a 16 militares por desaparición forzada y la Corte Constitucional determinó en marzo de 2026 que los menores fueron víctimas de ese delito, con medidas de reparación. El Estado reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas. Para las organizaciones, esa sentencia es un precedente, pero no cierra las otras investigaciones ni responde a quienes todavía buscan.
El CDH y el Comité de Familiares por la Verdad y Justicia preparan para el 31 de agosto y el 1 de septiembre en Quito una jornada llamada “Contra el olvido: Mientras nosotras buscamos, el Estado oculta”. Habrá un plantón frente al Ministerio de Defensa, una concentración ante el Palacio de Carondelet y un acto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares. La condena a los militares ilumina una posibilidad de justicia, pero el resto de las familias sigue esperando que el Estado deje de ocultar.
