La jornada del jueves dejó al desnudo una contradicción: una marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Red de Solidaridad Estudiantil y el zonal metropolitano de la Confech fue interrumpida por Fuerzas Especiales en el sector de la Universidad Católica, pese a que la Delegación Presidencial había autorizado el recorrido desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes. La vocera de la ACES, Darling Marchant, lo resumió: “Hoy nuevamente nos movilizamos frente a la represión que nosotros sufrimos, pese a que tenemos un permiso”. El Estado otorga la legalidad con una mano y la desmiente con la otra.
Las dirigentas no dejaron espacio para la ambigüedad. Marchant cuestionó la megarreforma impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional, preguntándose si estas políticas existen solo para “beneficiar a los grandes empresarios de este país”. Aranza Díaz, de la Red de Solidaridad Estudiantil, vinculó la protesta con la agenda económica y de seguridad, señalando que mientras el presidente se reunía con Milei en La Moneda para expandir su modelo, los estudiantes estaban en las calles defendiendo a su pueblo. La presidenta de la FECH y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, calificó al Gobierno como “autoritario”, “de recortes” y “de retroceso”, denunciando que la movilización pacífica fue recibida con criminalización, decenas de detenidos y más de 400 estudiantes afectados por gases.
En ese paisaje de asfixia, la censura a un equipo de Radio Universidad de Chile en el Foro Madrid aparece como una afinidad electiva inquietante. Mlynarz lo expresó sin vueltas: al Gobierno no le gusta el pensamiento crítico ni los espacios donde convergen las realidades del país. La Confech ya convocó al 1 de octubre, con la Ley de Presupuestos 2027 como horizonte y el financiamiento de la educación pública como bandera. La calle, autorizada o no, vuelve a ser el único canal que el poder parece dispuesto a escuchar, aunque sea para reprimirlo.
