Con más de 118.000 personas privadas de libertad en un sistema pensado para 30.000, El Salvador se consolidó como el país con mayor tasa de encarcelamiento del planeta. Esa cifra, con un hacinamiento del 261 por ciento, es el resultado directo de una política de seguridad basada en la detención masiva y en la prolongación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El costo de ese modelo también es fiscal. El gasto en Defensa saltó más del 145 por ciento y el de Seguridad Pública creció cerca del 65 por ciento, mientras la inversión en salud y educación quedó congelada. La centralización de recursos municipales implicó una poda del 85 por ciento en las transferencias del FODES, con recortes que alcanzaron al Órgano Judicial. La pobreza extrema pasó del 4,5 por ciento en 2019 al 8,6 por ciento, con una canasta básica un 25 por ciento más cara y una informalidad que roza el 70 por ciento.
Las denuncias por abusos son contundentes. Amnistía Internacional documentó al menos 470 muertes de detenidos en prisión, mientras más de 140 investigaciones por fallecimientos bajo custodia fueron archivadas. Organizaciones civiles suman más de 10.000 casos de detenciones arbitrarias, con arrestos basados en acusaciones anónimas o simples tatuajes. Entre 7.000 y 8.000 personas recuperaron la libertad tras meses o años detenidas sin comparecer ante un juez.
El régimen de excepción también redujo el espacio para la crítica. Dirigentes y periodistas denuncian persecución, y medios como El Faro tuvieron que mudar su redacción a Costa Rica. El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) sigue siendo uno de los pocos colectivos que logra marchar en San Salvador. La economía desplazó a la inseguridad como principal preocupación ciudadana, aunque Bukele conserve altos niveles de aprobación. El modelo de seguridad tiene un costo que las familias de los presos y las mayorías populares ya están pagando.
