El régimen de excepción que Nayib Bukele decretó en marzo de 2022 no fue una medida de seguridad: fue la arquitectura legal para vaciar de garantías a un país entero. La CIDH recogió cifras oficiales de más de 91.500 detenciones desde su implementación, con denuncias documentadas de torturas, muertes bajo custodia estatal y vulneración de las garantías judiciales. Human Rights Watch contabilizó más de 90.000 capturas en su Informe Mundial 2026, entre ellas las de más de 3.000 niños. Amnistía Internacional habló de un modelo represivo consolidado, con desapariciones forzadas y un espacio cívico clausurado. Ninguna de esas cifras cayó del cielo: son el resultado de una prórroga tras otra, aprobada por un poder legislativo que dejó de funcionar como contrapeso.
Frente a ese aparato, MOVIR nació el 16 de agosto de 2022. Samuel Ramírez lo coordina y el movimiento reúne a madres, abuelas y familiares que presentan hábeas corpus, marchan y exigen saber dónde están los suyos. Muchas de esas familias son encabezadas por mujeres sin recursos ni asistencia jurídica.
La nominación a la 44.ª edición de los Premios Derechos Humanos de la APDHE no cambia la correlación de fuerzas. Sirve para algo más concreto: que las denuncias circulen donde el relato oficial no llega. En la misma terna aparece Ruth Eleonora López Alfaro, abogada de Cristosal detenida el 18 de mayo de 2025, con medidas cautelares de la CIDH y reconocida como presa de conciencia por Amnistía Internacional.
El voto popular define las candidaturas finalistas y el jurado resuelve después. La fecha límite es el 8 de noviembre de 2026, a las 23:59 hora peninsular española; en Argentina, hasta las 19:59. Quien acompañe esta candidatura no le regala nada a nadie: devuelve visibilidad a quienes sostienen la memoria de los suyos cuando el Estado prefiere el anonimato de la cifra.