Julio Cusurichi Palacios, dirigente shipibo y Premio Ambiental Goldman 2007, sostiene que en el Perú existe una consigna desde el más alto nivel del Ejecutivo para no reconocer los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. La acusación no es retórica: el 7 de octubre de 2026 se rechazó el Estudio Previo de Reconocimiento de Atacuari, en Loreto, donde ni siquiera se discutía la delimitación, solo la existencia del pueblo. Antes, el 4 de septiembre de 2025, cayó la categorización de Yavarí Mirim. Y el 23 de octubre de este año se volvió a postergar la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, con la incorporación de una propuesta para actualizar un estudio aprobado en 2016. El patrón se repite con precisión de libreto: cada expediente técnico que debía avanzar quedó frenado en una sesión de comisión.
Seis entidades públicas votaron contra esas solicitudes sin haber leído los expedientes antropológicos y ambientales. Así lo constató la dirigencia indígena ante el propio Ministerio de Cultura. “Han votado sin conocer nada, pasando por encima de la ciencia antropológica”, dijo Cusurichi a Inforegión. La escena tiene una lógica que excede la burocracia: reconocer un territorio es frenar la tala, el narcotráfico y la minería aurífera que abren caminos y puertos clandestinos en cabeceras de cuenca. Demorar diez o quince años esos procesos, advirtió, expone a comunidades no inmunizadas a masacres o epidemias. “Podemos hablar de un etnocidio propiciado por el propio gobierno”, afirmó.
La historia larga de la Amazonía peruana explica el patrón. Desde la época del caucho, las élites locales y los capitales externos han visto en el bosque un stock de recursos y en sus habitantes un obstáculo. Cusurichi encabezó hace más de dos décadas la creación de la Reserva Madre de Dios, que protegió a los Mashco Piro. Hoy ve revertirse ese avance. Frente al relato que azuza disputas entre comunidades tituladas y áreas reservadas, el dirigente recordó que son las propias comunidades vecinas las que sostienen puestos de vigilancia y control, mientras los del Estado fueron abandonados tras choques con el personal. Las concesiones madereras, en cambio, solo buscan monetizar y saquear recursos sin importarles la vida humana.
AIDESEP respalda la demanda de FENAMAD ante el Sistema Interamericano y la Corte Interamericana. También enviaron comunicaciones a Noruega, Alemania, Reino Unido, el Banco Mundial y el KfW: el Minam y el SERFOR reciben fondos climáticos para conservar la Amazonía y votan en bloque contra los territorios que la resguardan. El doble discurso queda al desnudo: cobran por proteger lo que niegan.