Con un respaldo transversal que incluye a peronistas y libertarios, la Legislatura de Río Negro ratificó el acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y YPF para instalar buques de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías. Este tercer proyecto bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolida la transformación de la costa atlántica en un enclave extractivista, ignorando las advertencias ambientales y los reclamos ciudadanos. La votación expone la complicidad de un arco político amplio con las multinacionales energéticas.
El consorcio integrado por YPF, la italiana Eni y la saudita XRG planea instalar dos unidades flotantes de licuefacción a apenas siete kilómetros de la costa, al sur de Las Grutas. Este proyecto se suma al oleoducto VMOS y al primer plan de exportación de GNL ya aprobado, configurando una ofensiva hidrocarburífera sin precedentes en la Patagonia. La iniciativa prevé exportar hasta 15 millones de toneladas anuales de gas licuado, equivalente a más del 60% del consumo interno argentino.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales denuncia que las audiencias públicas se han convertido en meros trámites formales que validan decisiones corporativas, violando principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú. Los riesgos ambientales son graves: vertidos de agua con temperaturas anómalas, aumento de emisiones de metano y afectación directa a ecosistemas marinos sensibles que sustentan la biodiversidad y los modos de vida costeros.
El dato político revelador fue el acompañamiento mayoritario de ambos bloques peronistas. Daniel Belloso, presidente del bloque PJ-Nuevo Encuentro, justificó el voto afirmativo como "un soplo de aire fresco", demostrando la subordinación del discurso progresista a la lógica extractivista. Esta alianza peronista-libertaria consolida un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias corporativas sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades.
La profundización del extractivismo en Río Negro refleja la política energética nacional que, bajo diferentes administraciones, ha privilegiado la exportación de combustibles fósiles sobre la transición energética justa. La defensa del Golfo San Matías como patrimonio natural y cultural requiere visibilizar estas limitaciones democráticas y exigir procesos participativos que pongan en el centro la soberanía ambiental y los derechos de los pueblos.
