Nuevas mediciones del Glaciar Perito Moreno revelan una pérdida de 0,8 km² en apenas 97 días, equivalente al 25% del retroceso total de los últimos 15 años. El frente glaciar se alejó hasta 420 metros de la Península de Magallanes, una cifra sin precedentes que evidencia la aceleración del deshielo. Este fenómeno ocurre en un contexto político donde avanza una reforma a la Ley de Glaciares que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La modificación legal representa un retroceso ambiental significativo. El proyecto delega en las provincias la definición de estándares de protección, permitiendo que cada jurisdicción determine qué cuerpos de hielo preserva y en cuáles habilita actividades productivas como la megaminería. Organizaciones ambientalistas como la Fundación Macá Tobiano denuncian que esta reforma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales.
La afectación a los pueblos indígenas es particularmente grave. Más de 1,3 millones de personas pertenecientes a comunidades originarias dependen directamente de territorios glaciares y periglaciares. La reforma incumple el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada, además de violar derechos territoriales y culturales reconocidos constitucionalmente. Los glaciares son considerados entidades sagradas para las naciones originarias.
El tratamiento legislativo enfrenta resistencia. Diputados opositores lograron convocar dos audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, retrasando la votación hasta abril. Estas instancias permitirán la exposición de sectores proteccionistas y mineros, aunque organizaciones indígenas denuncian que el proceso ya viola protocolos de consulta establecidos internacionalmente.
El modelo extractivista que impulsa esta reforma profundiza desigualdades estructurales en un país donde el 10% más rico concentra el 60% de la riqueza. La concentración de decisiones en provincias con capacidades limitadas para controlar actividades de gran escala configura un escenario de empobrecimiento planificado que beneficia a corporaciones transnacionales en detrimento de economías regionales y derechos colectivos.
