La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) desnuda una ofensiva coordinada de billones de dólares para abrir las tierras indígenas a la explotación minera. El informe "Desenmascarando el Lobby Mineral en Tierras Indígenas" documenta más de 1.300 solicitudes mineras sobre territorios ancestrales en la Amazonía, con 390 casos de superposición total. Esta presión opera a través de una sofisticada captura institucional que permea los tres poderes del Estado brasileño.
En el Legislativo, frentes parlamentares vinculadas a la minería "sostenible", el agronegocio y sectores evangélicos impulsan proyectos que flexibilizan licencias ambientales y restringen derechos territoriales. El Judicial enfrenta presiones con la creación de la Cámara de Conciliación en el Supremo Tribunal Federal, considerada una puerta de entrada para abogados de mineras en discusiones que podrían relativizar el derecho a consulta previa. Recientemente, el STF autorizó la minería en territorios del pueblo Cinta Larga y estableció un plazo de 24 meses para que el Congreso regule la explotación en tierras indígenas.
La APIB denuncia que esta avanzada utiliza discursos de "descarbonización" y "transición energética" para legitimar la explotación de minerales críticos destinados al Norte Global. El estudio Mining & Money calcula en 493 mil millones de dólares el crédito destinado a empresas mineras entre 2016 y 2024. A nivel mundial, casi el 70% de las minas de estos minerales se superponen con tierras indígenas o comunidades tradicionales.
La organización indígena presentó una manifestación ante el STF destacando que no existe demanda de los 391 pueblos indígenas por la regulación minera en sus territorios. El pedido judicial provino de una única asociación del pueblo Cinta Larga que no representa a la totalidad de ese pueblo. La APIB reclama que se respete el derecho a consulta libre, previa e informada establecido en la Convención 169 de la OIT.
Esta batalla se libra en un contexto donde 110 tierras indígenas completaron etapas técnicas y aguardan demarcación. Para el movimiento indígena, la presión corporativa y la demora estatal forman parte de la misma disputa sobre el destino de estos territorios. La APIB sostiene que los territorios indígenas no son obstáculos para la transición energética, sino parte fundamental de la respuesta a la crisis climática, proponiendo que la demarcación y protección territorial sean tratadas como política climática.
