Después de casi un mes de caminata desde Pando, miles de marchistas indígenas y campesinos rodearon este lunes la sede de gobierno en La Paz. La movilización, una de las más largas y duras de los últimos años, trae un pliego de doce demandas donde el eje es la defensa de la propiedad colectiva de la tierra.
El detonante inmediato es la Ley 1720 de reconversión de tierras, promulgada el 8 de abril. El gobierno de Rodrigo Paz la defiende argumentando que permite reclasificar propiedades pequeñas a medianas para acceder a créditos bancarios. Pero las comunidades lo ven distinto: consideran que la norma es una puerta giratoria para que los terratenientes se queden con sus territorios. El dirigente Faifer Coajera fue tajante: dieron 24 horas al Ejecutivo para responder, y advirtió que la protesta "no es política, sino una reivindicación social".
La semana arrancó con múltiples frentes de conflicto. La Central Obrera Boliviana (COB) anunció una huelga indefinida que suma a maestros, trabajadores de hospitales y sindicatos mineros. Exigen un aumento salarial del 20% y, si el gobierno no cede, piden directamente su renuncia. El oficialismo, por su lado, ya habla de "proceso conspirativo" y llama al diálogo, aunque sin dar señales de ceder en la ley de tierras.
Lo que se juega acá no es menor. La marcha indígena expone la grieta entre un modelo que empuja la privatización del campo y comunidades que defienden la tierra como bien común. Lo que queda es esperar a ver si el gobierno elegirá escuchar o radicalizar aún más el conflicto.
