El gobierno nacional avanza a toda máquina con la privatización de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país, y ya hay varias voces que salieron a marcar la cancha. La Defensoría del Pueblo busca frenar una eventual privatización, mientras organizaciones sociales y ambientales denuncian que se repite el mismo libreto de los años 90, cuando el menemismo entregó el servicio a la francesa Suez con resultados catastróficos para los barrios populares.
Para entender la gravedad del asunto hay que volver a la experiencia de Aguas Argentinas. En 1993, Obras Sanitarias de la Nación fue privatizada bajo el argumento de que el sector privado iba a ser más eficiente. El agua dejó de ser un derecho humano para convertirse en un negocio. Las consecuencias fueron concretas: se profundizó la captación del Río de la Plata, se alteró el equilibrio de las napas, aumentaron las inundaciones en barrios que nunca habían tenido ese problema y la contaminación del río se agravó por la falta de cloacas. El Estado terminó rescindiendo el contrato en 2006 por incumplimientos.
Hoy, el régimen de Milei quiere profundizar ese mismo modelo, pero con un combo todavía más peligroso. El proceso de privatización avanza junto con el vaciamiento de organismos de control como el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Menos control estatal significa menos capacidad para fiscalizar inversiones, calidad del agua y cumplimiento de obras. A esto se suma la creciente injerencia de la empresa israelí Mekorot en el diseño de políticas hídricas, una compañía denunciada internacionalmente por su rol en la gestión desigual del agua en el contexto del genocidio contra el pueblo palestino.
El Foro Hídrico de Lomas de Zamora, que viene laburando hace años en uno de los territorios más contaminados del país, lo dice claro: defender AySA pública no es negar los problemas del servicio, que los hay y son graves. Pero justamente por eso es más peligroso entregarle el agua a la lógica de la rentabilidad. La historia ya demostró que cuando el agua se mercantiliza, las consecuencias las pagan los barrios, el ambiente y la salud colectiva.
