La diputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) fue contundente al calificar como “cuestión civilizatoria” la pelea contra el proyecto de reducción de la mayoridad penal en Brasil. La propuesta, que pretende bajar la imputabilidad de 18 a 16 años, está siendo analizada en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara. Petrone sostiene que la tesis del proyecto es completamente equivocada: en lugar de encarcelar más pibes pobres y negros, el Estado debería garantizar educación, salud y oportunidades reales.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, Argentina viene aplicando la receta opuesta. En provincias como Santa Fe y Córdoba, los discursos de mano dura avanzan sin pudor, y ya se permitió que legisladores avanzaran en bajar la edad de imputabilidad. La diferencia es brutal: mientras Brasil debate con argumentos de derechos humanos, Argentina parece rendirse al punitivismo más berreta, ese que promete seguridad encarcelando adolescentes en lugar de construir escuelas.
Lo que está en juego no es menor. Reducir la mayoridad penal no resuelve la violencia estructural, solo la esconde tras las rejas. Como bien dice Petrone, es una cuestión civilizatoria: o apostamos por la vida y la inclusión, o seguimos el camino de enterrar a nuestra juventud en el sistema carcelario. Brasil, por ahora, resiste. Argentina haría bien en mirar ese espejo antes de seguir cayendo en el mismo pozo.
