La comunidad del Campamento Placilla, en la comuna chilena de San Antonio, se movilizó el 22 de septiembre frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Informó sobre los recursos judiciales con los que rechaza el desalojo fijado para febrero de 2027. Es la primera acción civil conocida a nivel nacional que enfrenta el giro de los tribunales hacia los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, según el abogado de los vecinos, Gustavo Burgos.
Burgos describió una práctica repetida desde 2023: obtener una orden general de restitución y extenderla sobre poblaciones enteras, sin demandar a personas concretas ni discutir títulos, posesiones o vulnerabilidades. Cientos o miles de hogares jamás fueron escuchados por tribunal alguno. La comunidad sostiene causas pendientes ante la Corte Suprema y la instancia civil de Viña del Mar, donde cuestiona la vulneración del debido proceso y apunta a la Inmobiliaria Bellavista por especular con los inmuebles.
El dirigente social Braulio Bulnes fue directo. Dijo que viven lo que otros ya sufrieron en el gobierno de Boric y ahora en el de Kast: expulsiones, ninguna propuesta, ninguna solución. Las mesas de trabajo de años quedaron en la basura, y los vecinos fueron colocados en la fila eterna del Serviu. Para Bulnes, los programas de vivienda solo sirven para mantener funcionarios y enriquecer a empresas que licitan catastros y análisis socio territoriales.
La burocracia de la vivienda no descansa hasta que los desalojos se hagan con fuerza militarizada, agregó. Los tribunales, sostuvo, terminan favoreciendo a los poderosos y lanzando a los trabajadores a la calle, gaseando a bebés, abuelas y abuelos. El aparato estatal está disponible para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En eso consiste el despojo al que se oponen en cuerpo y alma. Lo que está en juego no es un terreno: es una trama de años de trabajo colectivo que el mercado del suelo no puede medir.
