El desmonte de una cuenca, el incendio de un sitio arqueológico y un centenar de denuncias "encajonadas" marcan la disputa territorial en el valle de Punilla, Córdoba. Así lo describió Gabriela Taborda Varela, psicóloga social, fotorreportera e integrante de la Coordinadora Socioambiental de Córdoba, en una entrevista con el medio Movimiento Alternativa. La activista, oriunda de Santa María de Punilla, relató cómo la construcción de la autovía que conecta con un corredor bioceánico hacia China arrasó con monte nativo y vestigios prehispánicos sin consulta previa a la comunidad.
Taborda Varela, quien también integra la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia, contó que las asambleas locales lograron que la empresa Caminos de la Sierra desviara la traza para no pasar por un sitio ceremonial de los pueblos nahuane. Tras firmar un acta de compromiso, el lugar fue incendiado: "¿Qué es lo que habían prendido fuego? El sitio arqueológico que nosotros amanecíamos defendiéndolo", denunció. La activista señaló que ni el gobierno de Juan Schiaretti ni el de Martín Llaryora respetaron el Convenio 169 de la OIT ni el Acuerdo de Escazú, y que fue detenida y fichada por la policía en cinco ocasiones, acumulando imputaciones junto a otras seis personas.
La entrevistada también se refirió al proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" impulsado por el régimen de Javier Milei. Aclaró que la Constitución Nacional ya protege ese derecho y definió la iniciativa como un intento de "profundizar y legitimar el saqueo de los territorios". Según su relato, la presión social logró que se retirara el capítulo de extranjerización de la tierra y las modificaciones a la ley de manejo del fuego. La activista vinculó los incendios en la Patagonia con la entrega de territorios con reservas de agua dulce a intereses de Israel y Norteamérica, y reivindicó la organización colectiva como única vía de defensa frente a un Estado que, dijo, "avasalla derechos".
