La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en Garuhapé, Misiones, vivió una jornada de terror el pasado martes. Efectivos policiales detuvieron al mburuvicha (cacique) Santiago Ramos y a otras ocho personas, entre hombres, mujeres y niños, en el marco de una causa por "supuesta usurpación". Los llevaron a la comisaría, les secuestraron los celulares y los interrogaron por separado. Horas después, cerca de las 20, recuperaron la libertad, pero con una restricción judicial que les impide regresar al lugar donde estaban asentados.
El conflicto no es nuevo. Puente Quemado II cuenta con relevamiento territorial bajo la Ley Nacional 26.160, que reconoce la ocupación ancestral indígena y suspendía los desalojos. Sin embargo, el régimen del gobierno ultraderechista de Javier Milei derogó por decreto la prórroga de esa ley en diciembre de 2024, dejando a las comunidades sin esa protección. En paralelo, la empresa forestal Arauco aparece en el centro de la escena: según denuncias de la Pastoral Aborigen (EMIPA), sus monocultivos de pino rodearon la comunidad, secaron pozos de agua y contaminaron las fuentes que consumen las familias.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es la punta del ovillo de un modelo que prioriza el negocio forestal por sobre los derechos ancestrales. La Argentina fue el único país que votó en contra de un proyecto de la ONU sobre derechos indígenas. La criminalización de quienes defienden su territorio es la consecuencia lógica de un Estado que niega su carácter plurinacional. La libertad de los detenidos no cierra la herida: la tensión sigue, y la selva misionera sigue siendo moneda de cambio.
