Los docentes universitarios juntaron los papeles y contaron. La cuenta no cierra. Hace meses que la medida cautelar del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, ordena actualizar salarios y becas. La ley 27.795 de Financiamiento Universitario dice lo mismo. El Gobierno ofreció un 3%. Los gremios miraron ese número y no supieron qué hacer con él.
CONADU Histórica, en confluencia con CONADU, resolvió un paro nacional de 72 horas. La medida arranca cuando vence el plazo que Cormick le dio al Poder Ejecutivo para cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley. En Rosario y Córdoba la huelga ya empezó antes: COAD y ADIUC iniciaron el lunes una semana de paro que se extiende hasta el sábado 3 de octubre.
Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, dijo que hasta ahora no recibieron ninguna comunicación nueva del Gobierno. Que los trabajadores necesitan que esa recomposición ordenada por la Justicia se vea en el salario. Que no alcanza con el fallo si el fallo no se cobra.
El 33,4% pendiente sobre los últimos haberes es la cifra que repiten. Después vendrá la inflación, que corre por detrás y se come lo que encuentra. Los gremios rechazaron el 3% porque la pérdida acumulada de poder adquisitivo es otra cosa. En la UBA la huelga convive con otras acciones: actividades abiertas en Ciencias Económicas, un abrazo simbólico el jueves en Medicina, paros rotativos.
Las 72 horas son un escalón más hacia la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. La convocan docentes, estudiantes y autoridades de las universidades. El conflicto salarial sigue abierto. En los pasillos alguien dice que la plata está, que lo que falta es la firma.
