Ecuador enfrenta un escrutinio internacional sin precedentes por las desapariciones forzadas cometidas bajo la política de seguridad militarizada del presidente Daniel Noboa. Organismos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional documentan patrones alarmantes donde las fuerzas armadas aparecen como perpetradoras directas de estos crímenes de lesa humanidad. La situación se agrava por la falta de cooperación institucional y la impunidad que caracteriza estos casos.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas identificó puntos críticos en operativos realizados entre 2024 y 2025, afectando principalmente a ciudadanos afroecuatorianos en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Las víctimas menores de edad constituyen un capítulo especialmente preocupante, revelando la brutalidad del aparato represivo. Las deficiencias en coordinación institucional para aplicar estrategias de prevención evidencian la complicidad estructural del sistema.
Amnistía Internacional presentó al Comité su informe "Son militares, yo los vi", documentando diez desapariciones en cinco operativos de seguridad durante 2024. La organización señala que estos crímenes siguen impunes y podrían repetirse mientras persista la política militarizada. Un avance significativo ocurrió en diciembre de 2025 cuando un tribunal condenó a once militares a 34 años por la desaparición de cuatro adolescentes afrodescendientes en Guayaquil, aunque la sentencia fue apelada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras, reconociendo el riesgo grave que enfrentan. Sin embargo, las intimidaciones continúan: en enero de 2026, miembros de las Fuerzas Armadas habrían ingresado al domicilio de familiares de desaparecidos para amedrentarles. El Ministerio de Defensa se ausentó de la mesa interinstitucional creada para dar seguimiento a las medidas de la CIDH, mostrando desdén por los mecanismos de protección.
La reciente colaboración anunciada entre Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos y EUROPOL para operativos contra el crimen organizado genera nuevas preocupaciones. Esta alianza se produce en un contexto documentado de violaciones graves de derechos humanos y falta de transparencia en el Plan Fénix. La comunidad internacional debe cuestionar si la asistencia militar extranjera fortalece o encubre estas prácticas represivas.
La lucha de las familias buscadoras representa la resistencia popular frente al terror estatal. Su exigencia de verdad, justicia y reparación confronta no solo al gobierno ecuatoriano sino al modelo de seguridad neoliberal que prioriza el control social sobre los derechos humanos. La solidaridad internacional debe amplificar estas voces marginadas, denunciando cómo la militarización de la seguridad pública sirve como herramienta de disciplinamiento social en América Latina.
