Decenas de personas se concentran en la Plaza República de Argentina, en Quito, y marchan hacia el Consejo Nacional Electoral para exigir el inicio del proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. La movilización busca que ambos mandatarios se allanen o se opongan a las solicitudes de formularios presentadas por colectivos sociales que impulsan este mecanismo de democracia directa contemplado en la Constitución ecuatoriana y en la ley orgánica de participación ciudadana.
Una vez que concluya el término para que Noboa y Pinto respondan, el CNE deberá continuar con el trámite previsto en la normativa vigente. Según la legislación ecuatoriana, el organismo electoral tiene un plazo máximo de quince días para resolver si entrega o no los formularios para la recolección de firmas, independientemente de que los mandatarios presenten o no una respuesta. Los manifestantes corean consignas como "¡Qué es lo que quiere el pueblo! ¡Revocatoria!", mientras los dirigentes denuncian hostigamiento y persecución política.
Guido Peruganschi, presidente de La Fenosin, explicó que el proceso se enmarca en la Constitución y que existe una confianza en que el CNE actúe con independencia. "El pueblo ecuatoriano pueda dar al CNE para que las elecciones seccionales estén garantizadas y el pueblo ecuatoriano diga: sí hay independencia, ya no es operador político el CNE", señaló. Los impulsores de la revocatoria denuncian bloqueo de cuentas bancarias y persecución, pero afirman que no se van a rendir. "Nosotros tenemos que aquí fortalecernos, hacer unidad y decir basta Noboa", sostuvieron.
Para que la revocatoria avance, se necesita reunir el 15% del padrón electoral en firmas de respaldo, lo que equivale a unos dos millones de rúbricas en un plazo de 180 días. Luego el CNE deberá verificar la validez de esas firmas y, de cumplirse los requisitos, convocar a las urnas para que el pueblo ecuatoriano decida la continuidad de Noboa. Según la última encuesta de Maluc Research, más del 75% de la población se opone a que el mandatario continúe en el cargo.
