El viernes 11 de septiembre, a las 16 horas, la Plaza Grigera se llenará de voces. Desde ahí, frente a la sede municipal, caminarán hasta la sede de Aysa. El Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora, junto a organizaciones políticas, sociales y sindicales, dicen no a la privatización del agua.
Denuncian que el pliego, cuyos sobres se abrirán el 15 de septiembre, garantiza ganancia para la empresa a costa del aumento de tarifas. Y el corte del servicio para los vecinos que no puedan pagar. Más de 15 millones de habitantes del AMBA padecerán las consecuencias, como ya pasó en la década del 90.
El contrato no obliga a controles de calidad, dicen. El agua que tomen los bonaerenses queda en peligro. El Estado mismo deja a la empresa limpia: cerraron oficinas en el conurbano y despidieron trabajadores. Solo queda la sede central en la Ciudad de Buenos Aires para quejas y reclamos.
Jorge, integrante del Foro, recuerda que en 2010 la ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial. Esta privatización elimina eso y convierte al agua en mercancía.
Ya presentaron proyectos de rechazo en 17 municipios del conurbano. Once se pronunciaron en contra. También el COMIREC y las 28 asociaciones de la Sindicatura de Usuarios del ERAS. El martes 8 se concentraron en La Plata y se reunieron con legisladores. Después, conferencia de prensa en la Comisión Provincial de la Memoria.
Ese mismo martes, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la cautelar del Defensor del Pueblo provincial. La decisión impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.
El agua sigue corriendo. Por ahora.
