El proyecto oficial que pretende flexibilizar los límites a la posesión de tierras por parte de capitales foráneos generó un fuerte repudio en el sector agropecuario y organizaciones populares. La iniciativa, que eliminaría los topes actuales a la extensión de tierra en manos extranjeras, fue calificada como un nuevo capítulo de entrega del patrimonio nacional.
La propuesta modificaría la ley vigente desde 2011, que restringe la compra de campos por parte de inversores de afuera. Según denunciaron desde la Unión de Trabajadores Rurales y otras entidades, esto abriría las puertas a una extranjerización masiva del suelo productivo. El argumento oficial de "atraer inversiones" esconde, a criterio de las organizaciones, un negocio que beneficia a los grandes fondos especulativos.
En paralelo, una delegación de eurodiputadas visitó la región para debatir sobre la Mesa Agroalimentaria. Allí se discutieron modelos productivos alternativos, poniendo en valor la soberanía alimentaria frente a las recetas del libre mercado. Las legisladoras europeas advirtieron sobre los riesgos de repetir modelos que ya fracasaron en otras latitudes, donde la concentración de la tierra generó desalojos y pobreza rural.
La resistencia a este proyecto demuestra que la defensa del territorio no es una cuestión del pasado. Frente a la lógica del capital que todo lo mercantiliza, emerge una vez más la fuerza de quienes entienden la tierra como un bien común, no como una mercancía. La pelea por la soberanía territorial sigue siendo una de las batallas centrales de nuestro tiempo.
