El proyecto modifica sustancialmente la Ley de Trabajo Agrario 26.727, aprobada democráticamente en 2011. Los cambios más significativos afectan el artículo 12 sobre contratación y subcontratación, donde se elimina la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias respecto a las obligaciones laborales de los trabajadores proporcionados por terceros. Esta modificación debilita la protección de los obreros rurales frente a prácticas evasivas de empleadores.
La reforma suprime la figura del "trabajador permanente discontinuo", que reconocía derechos a aquellos empleados temporarios convocados recurrentemente por los mismos patrones. Ahora, como en la época del decreto-ley 22.248 de la dictadura, los empleadores podrán simplemente "dejar de convocar" a trabajadores sin reconocer antigüedad ni otorgar indemnizaciones.
La norma actualiza exclusiones del régimen laboral agrario, incorporando al personal de casas particulares y ajustando definiciones sobre qué actividades quedan fuera de la protección específica para trabajadores rurales. Estas modificaciones, presentadas como "modernización", en realidad representan un retroceso histórico en derechos laborales básicos.
La aprobación parlamentaria contó con votos de diputados de provincias donde el trabajo rural es fundamental, como Misiones, Tucumán y Salta, regiones que paradójicamente mostraron fuerte apoyo a las políticas libertarias. Este fenómeno político refleja cómo décadas de desatención estatal hacia los trabajadores rurales generaron desconocimiento sobre sus propios derechos, facilitando ahora su eliminación.
La reforma consolida un modelo donde la flexibilización laboral beneficia exclusivamente a los empleadores, revirtiendo conquistas que habían cerrado la herencia dictatorial en el campo. El resultado será mayor precarización, jornadas extendidas y salarios deprimidos, reproduciendo las condiciones que caracterizaron el "boom sojero" con récords productivos pero expulsión de mano de obra.
