Cuatro organizaciones expusieron ante la CIDH el impacto de las reformas migratorias del gobierno de ultraderecha. CAREF, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el MTE/UTEP y el CELS advirtieron en el 197° Período de Sesiones que una política construida durante más de veinte años, basada en la migración como derecho humano, está siendo desarticulada. Desde 2024, y sobre todo con el DNU 366/2025, el acceso a la residencia regular se volvió más difícil. El decreto se adoptó sin debate en el Congreso y lo acompañó un discurso oficial que asocia migración con inseguridad y criminalidad.
El requisito de acreditar medios económicos suficientes, probados casi siempre con empleo registrado, produjo un derrumbe: las residencias permanentes otorgadas cayeron de 24 mil a 8 mil por semestre. Se eliminó la que correspondía por tener hijos o cónyuge argentinos. Miles de personas con trabajo, familia y años de arraigo pueden ser empujadas a la irregularidad. En el mismo movimiento, el gobierno habilita mecanismos extraordinarios de naturalización para quienes realizan grandes inversiones.
Las consecuencias ya se registran en la salud. El DNU dejó de garantizar la atención gratuita en el sistema público nacional, salvo emergencias, para quienes no tengan residencia permanente. Las organizaciones documentaron tratamientos y estudios interrumpidos, solicitantes de asilo sin asistencia, mujeres embarazadas sin cuidados oportunos, niñas y niños con atención discontinua. Sin DNI, el ingreso al empleo registrado se vuelve todavía más esquivo.
La Red Nacional de Migrantes y Refugiados denunció controles de identidad, requisas y demoras arbitrarias que recaen sobre gente de piel morena, con rasgos indígenas o afrodescendientes. Desde la UTEP señalaron que los operativos de control poblacional se concentran en espacios del comercio informal donde trabajan vendedores ambulantes migrantes. El miedo a perder la residencia disciplina: lleva a soportar abusos laborales o violencia policial antes que denunciar. El relator de la ONU Gehad Madi sostuvo que las personas migrantes no deben ser reducidas a riesgos que deben ser gestionados, y que son titulares de derechos. La CIDH pidió al Estado explicaciones sobre el uso del decreto y sobre la estigmatización.