China suspendió las exportaciones de carne desde una planta argentina tras detectar cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera desde 1995. El rechazo de 22 toneladas de carne de la empresa ArreBeef activó alarmas en el sector y desató críticas contra el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, por el desmantelamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La Administración General de Aduanas de China notificó el hallazgo el 19 de marzo, lo que derivó en una suspensión inmediata de nuevos envíos desde la planta de Pérez Millán, provincia de Buenos Aires.
Las autoridades argentinas activaron un protocolo conjunto entre Senasa, Cancillería y Agricultura para investigar el origen del compuesto detectado. Las primeras hipótesis apuntan a un posible "falso positivo" o a la presencia de sustancias similares, aunque el cloranfenicol está totalmente prohibido en la ganadería nacional. El gobierno busca acotar el impacto de la medida china, evitando que la restricción afecte a otros cargamentos en tránsito y tratando de levantar la suspensión en el menor plazo posible.
Este incidente ocurre en un contexto de desregulación sistemática de controles sanitarios impulsada por Sturzenegger, quien ha dinamitado la capacidad técnica de los organismos estatales encargados de certificar las condiciones de exportación. La situación recuerda la suspensión previa de exportaciones a Chile tras flexibilizaciones normativas del Senasa. China, principal comprador de carne argentina, ha endurecido sus controles sanitarios en los últimos tiempos, con observaciones también a envíos de soja por presencia de malezas.
El episodio expone las contradicciones del modelo neoliberal que prioriza la desregulación sobre la protección de los mercados externos. La empresa afectada, ArreBeef, produce cerca de 80 mil toneladas anuales y emplea a 900 trabajadores directos en la planta suspendida, más 400 temporales. Aunque cuenta con otra planta en Quilmes para continuar exportando, el caso revela la vulnerabilidad del sector ante políticas que debilitan el control estatal. La dependencia de mercados externos exige, paradójicamente, más y mejores controles, no menos.
