Un fallo judicial histórico del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Moreno expuso la brutal realidad que viven niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal en la provincia de Buenos Aires. La jueza Mirta Guarino hizo lugar a un Habeas Corpus Colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, reconociendo que en el Hogar Convivencial SIAND "Quinta Abril" de General Rodríguez existieron "prácticas sistemáticas de vulneración grave y continuada de los derechos humanos". La magistrada constató personalmente las condiciones deplorables del lugar, donde niñes de hasta dos años permanecían horas en carritos o cunas sin interacción, con ropa rota y sucia, en habitaciones en pésimo estado.
El fallo surge tras denuncias de torturas, malos tratos, abandono sanitario y falta de acceso a educación. La CPM documentó que el personal era insuficiente y sin capacitación adecuada, los juguetes escasos y en mal estado, y las niñes solo tenían como actividad externa la asistencia obligatoria a una iglesia evangélica. Las niñas más grandes eran forzadas a cuidar a les más pequeñes, evidenciando una tercerización ilegítima del cuidado estatal. A pesar de que el dispositivo fue inhabilitado inicialmente, el estado provincial lo volvió a habilitar para el mismo fin, demostrando la negligencia sistemática.
La jueza ordenó al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense elaborar una política pública estructural para revisar todo el sistema de institucionalización, con protocolos de seguimiento, equipos interdisciplinarios y acceso integral a la salud. "El Ejecutivo provincial tiene la obligación constitucional de revisar, rediseñar, profesionalizar y transparentar todo el sistema de Hogares convivenciales", sentenció Guarino. Este fallo judicial no solo expone la crisis del sistema de protección infantil sino que cuestiona radicalmente el rol del estado como garante de derechos cuando se convierte en el principal violador de las niñecés que debería proteger.
