Jesús Dávila Rojas concluyó que se cometieron delitos de lesa humanidad contra 4172 mujeres de más de 22 regiones. Identificó a 52 responsables, entre ellos los exministros de salud del régimen fujimorista Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, hoy reelegido congresista y senador. Ese mismo fiscal dispuso archivar la investigación amparándose en la Ley 32107, aprobada en 2024, que permite la prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
La abogada María Ysabel Cedano, una de las querellantes, lo dijo sin rodeos: el fiscal no absuelve a nadie, no hay cosa juzgada. Ya impugnaron la actuación para que el expediente suba al fiscal superior. Después de más de dos décadas, el caso sigue en fase preliminar. Y la norma que lo pretende cerrar fue sancionada durante el gobierno de Dina Boluarte con los votos fujimoristas y sus aliados en el Congreso.
Cedano denunció que esa ley es inconstitucional y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Su preocupación va más allá del expediente: la Junta Nacional de Justicia, elegida por esas mayorías, abre investigaciones y suspende a magistrados que inaplican la norma. La injerencia política no es una sospecha.
El contexto agrava el cuadro. En Perú avanzan medidas contra el único aborto legal, el terapéutico, y una modificación del Código Penal agravó la criminalización de personas travestis y trans. Cedano alertó que buscan encarcelar a activistas Drag Queen por marchar en el Orgullo, supuestamente para proteger a la niñez.
Las 300 mil personas esterilizadas en los noventa, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas, fueron el blanco de una política estatal de control demográfico. Hoy el archivo judicial intenta convertir ese daño en pasado clausurado. No lo logra.