El presidente Daniel Noboa firmó un nuevo decreto que elimina la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la convierte en un Viceministerio dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La medida se inscribe en un proceso más amplio de reorganización del Estado que ya fusionó ocho ministerios y secretarías, todo respaldado por un crédito de 5 mil millones de dólares del FMI. La secretaria saliente, Julia Angulo Girón, queda al frente de la nueva estructura, pero con un rango institucional reducido.
Las organizaciones indígenas denuncian que esto no es una simple reubicación administrativa, sino un retroceso en la jerarquía política que habían conquistado. La Secretaría, creada en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, tenía autonomía para registrar comunidades, financiar proyectos y ser un espacio de interlocución directa con el Estado. Ahora, todas esas funciones quedan bajo supervisión ministerial, con reglamentos más estrictos y sin capacidad de decisión propia. El argumento oficial de "evitar duplicidad de funciones" choca contra la realidad: se pierde autonomía y se diluye la especificidad de las políticas interculturales.
El gobierno asegura que los servicios se mantienen —registro de comunas, entrega de recursos para proyectos productivos, acompañamiento territorial— pero ahora integrados a las políticas laborales del Ministerio. Sin embargo, la historia institucional de Ecuador muestra un patrón de avances y retrocesos: la Constitución de 2008 declaró al país como Estado plurinacional e intercultural, pero cada ajuste administrativo de tinte neoliberal termina recortando derechos. La tensión entre la eficiencia fiscal que exige el FMI y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios vuelve a quedar saldada a favor del ajuste.
