Según se dió a conocer en medios periodísticos, el gobierno de Javier Milei avanza en la posibilidad de indultar a militares condenados por delitos de lesa humanidad, una iniciativa que generaría un terremoto político y jurídico en Argentina. Los rumores apuntan a marzo de 2026 como fecha posible para esta medida, que busca exculpar a represores de la última dictadura cívico-militar. La información circula en medios oficialistas y genera alerta en organismos de derechos humanos.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 539 represores detenidos en Argentina, de los cuales 454 cumplen arresto domiciliario. Desde 2006 se dictaron más de 1.200 condenas por delitos de lesa humanidad, fruto de un proceso de memoria, verdad y justicia que ahora estaría en peligro. El indulto presidencial, prerrogativa del Poder Ejecutivo, permitiría perdonar las penas aunque no borraría los delitos.
La Ley 27.156, sancionada en 2015 con sólo un voto en contra del PRO, prohíbe explícitamente el indulto, amnistía o conmutación de penas para estos casos. Esta normativa se alinea con tratados internacionales que consideran los crímenes de lesa humanidad como imprescriptibles y no perdonables. El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional adhiere a la Convención sobre Imprescriptibilidad de estos delitos, creando un marco legal robusto que el gobierno pretende vulnerar.
El antecedente más cercano son los indultos dictados por Carlos Menem entre 1989 y 1990, que generaron un rechazo masivo de la sociedad. Medio millón de personas se congregaron frente a la Casa Rosada en aquel entonces, y la Justicia posteriormente declaró esas medidas inconstitucionales. El histórico fallo Mazzeo de 2007 de la Corte Suprema consolidó esta posición jurídica. El delito de desaparición forzada se considera "continuado" mientras la persona afectada no aparezca, lo que técnicamente imposibilita cualquier perdón.
Esta iniciativa refleja el negacionismo que caracteriza al actual gobierno sobre los crímenes cometidos por el Estado en la década del 70. Bajo el argumento falaz de la "conciliación nacional" o el "derecho humanitario", se busca reescribir la historia y blanquear a quienes violaron mujeres, robaron bebés, torturaron y asesinaron a miles de personas. La medida, lejos de pacificar, echaría más sal sobre las heridas de una sociedad que sigue buscando verdad y justicia. El facismo retorna en nombre de la libertad, y esta vez viene con indultos para genocidas.
