El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una estrategia sistemática de vaciamiento contra los bachilleratos populares, esos espacios educativos que garantizan el acceso a la secundaria para jóvenes y adultos excluidos del sistema tradicional. Tras el cierre de jardines maternales, la administración macrista ahora exige a estas instituciones que se hagan cargo del pago de servicios básicos como luz, agua y gas, además de transferirles responsabilidades legales que corresponden al Estado.
La Resolución 1425/MEDGC/25, presentada como una "actualización administrativa", es en realidad un mecanismo de desresponsabilización estatal. Los aproximadamente 30 bachilleratos populares que funcionan bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE) deben firmar un "convenio de colaboración" que precariza aún más el trabajo docente y desconoce compromisos históricos del Estado. Estos espacios, ubicados en barrios postergados, atienden principalmente a trabajadores precarizados, vecinos de villas y mujeres jefas de hogar.
La comunidad educativa ya comenzó a organizar la resistencia. El Bachillerato Popular 2 de Diciembre de Barracas, que funciona hace 18 años en la Escuela República de Haití, convocó a un abrazo simbólico con organizaciones barriales, sindicatos y centros de estudiantes. "No vamos a permitir que vacíen este bachillerato por donde pasaron cientos de estudiantes a los que les cambió la vida", declaró una ex alumna durante la protesta.
El bloque del FIT en la Legislatura porteña presentó un pedido de informes para indagar este nuevo vaciamiento educativo. La diputada Vanina Biasi denunció que el gobierno pretende que docentes y organizaciones asuman costos que corresponden al Estado, incluyendo mantenimiento y seguros. El convenio establecido por el Ministerio de Educación ni siquiera garantiza el 100% de los salarios docentes y vence en 2027, lo que compromete ciclos educativos completos de tres años.
Este ataque no es novedoso en la trayectoria macrista. Ya en 2023 se filtró una resolución similar firmada por la entonces ministra Soledad Acuña, demostrando que el desmantelamiento de la educación popular responde a una política de larga data del PRO. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) había advertido sobre esta situación en noviembre pasado, rechazando la resolución por exceder los requerimientos normativos anteriores.
La ofensiva contra los bachilleratos populares revela la verdadera cara de un proyecto político que concibe la educación como mercancía y no como derecho. En tiempos donde la inclusión educativa debería fortalecerse, el macrismo porteño opta por profundizar la exclusión, demostrando que su compromiso con los sectores populares es tan frágil como sus argumentos sobre baja natalidad. La resistencia que se organiza en Barracas y otros barrios podría marcar un punto de inflexión en la defensa de la educación pública como espacio de transformación social.
