El régimen Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal para Haití el 27 de julio de 2026, después de que la Corte Suprema dictaminara el 25 de junio que la terminación podía proceder. Unos 330.000 haitianos perdieron esa protección. Desde entonces, más de 450 personas han sido deportadas, según la Oficina Nacional de Migración de Haití. Muchas vivían en Estados Unidos desde hacía años, trabajaban en la construcción, la salud, la manufactura o la agricultura, y tenían hijos con ciudadanía estadounidense. Otras tenían solicitudes de asilo pendientes.
La contradicción es brutal. El propio Departamento de Estado mantiene a Haití en Nivel 4, "No viajar", su alerta más alta, por criminalidad, secuestros y acceso limitado a servicios de salud. La misma administración que prohíbe a sus ciudadanos pisar ese suelo envía allí a quienes huyeron de él.
Los vuelos llegan a Cabo Haitiano porque el aeropuerto de Puerto Príncipe no es seguro. La ciudad norteña triplicó su población en medio del desplazamiento. Los grupos criminales que antes operaban en la capital se expandieron a comunidades rurales de al menos cinco departamentos. Entre enero de 2023 y junio de 2026, al menos 19.380 personas fueron asesinadas en actos de violencia con participación de grupos criminales, "grupos de autodefensa" y fuerzas de seguridad. Cerca de 1,5 millones están desplazadas internamente, según la OIM. Más de la mitad del país necesita asistencia humanitaria.
En el aeropuerto, un equipo pequeño de la Oficina Nacional de Migración registra a las personas en contenedores adaptados con capacidad para 60 y dos baños exteriores sin agua corriente. Reciben una comida, una bebida y 10.000 gourdes, unos 77 dólares. Después, cada quien a su suerte. Sin alojamiento, sin transporte seguro, sin atención médica. "No puedo regresar a La Saline", dijo un deportado del vuelo del 27 de agosto. "Los criminales siguen controlando el barrio. Me fui porque temía que me asesinaran, y ahora me han enviado de regreso al mismo peligro".
La historia de Haití no empieza en 2021 con el asesinato de Jovenel Moïse. Empieza con la deuda impuesta por Francia tras la independencia, con la ocupación estadounidense de 1915, con décadas de intervenciones que fortalecieron élites locales y desarmaron al Estado. El terremoto de 2010 fue el golpe final sobre una estructura ya saqueada. El TPS se otorgó entonces. Quince años después, Washington decide que el país mejoró y lo clausura.
Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, defendió las deportaciones ante CNN: "No conozco las condiciones en Haití. Nunca he estado en Haití". La frase resume la política migratoria del régimen Trump. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a garantizar protección internacional y evaluar cada caso. El Senado tiene un proyecto de ley aprobado por la Cámara que restablecería el TPS. Sigue esperando.
