La justicia laboral de Córdoba acaba de asestar el primer golpe contundente a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. El juez Ricardo Gileta, de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo provincial, declaró inconstitucional el artículo 55 de la llamada Ley de Modernización Laboral, norma que apenas lleva una semana de vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial el 6 de marzo.
El fallo judicial, fechado el 10 de marzo, rechaza de plano el mecanismo establecido por el artículo cuestionado para actualizar los créditos laborales en juicios por despidos anteriores a la nueva normativa. El magistrado consideró que la fórmula impuesta -que combinaba la tasa pasiva del Banco Central con la inflación, con un tope del IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo- vulneraba el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Gileta ordenó que los montos reclamados en el expediente se actualicen según el criterio previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, utilizando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sigue la evolución del índice de precios al consumidor. La sentencia se originó en la demanda de un trabajador despedido en 2016, cuyo caso demostraba cómo la nueva normativa modificaba las reglas del juego en procesos judiciales ya iniciados.
Este pronunciamiento judicial llega en un momento de debilidad política del gobierno, con la agenda pública dominada por el escándalo que rodea a la comitiva presidencial en Nueva York y las polémicas sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La resolución podría abrir la puerta a una cascada de presentaciones similares en distintos tribunales del país, especialmente en causas laborales que ya estaban en trámite cuando se aprobó la reforma.
La decisión del juez cordobés expone la fragilidad constitucional de una normativa diseñada para recortar derechos laborales históricos. En un contexto donde el discurso oficial insiste en la "modernización" como eufemismo del desmantelamiento de protecciones sociales, este fallo judicial emerge como un dique de contención frente a la avanzada neoliberal. La resistencia desde la justicia laboral confirma que la batalla por los derechos de trabajadores y trabajadoras se libra también en los tribunales, donde la Constitución sigue siendo el último bastión frente a los embates del ajuste estructural.
