La Red Nacional del Programa PACE encendió todas las alarmas. Veinticinco universidades reunidas en la Usach denunciaron que las recomendaciones presupuestarias para 2027, filtradas desde el Ministerio de Hacienda, proponen ajustes y discontinuidades que ponen en jaque una política pública que en diez años ha acompañado a más de 460 mil estudiantes de enseñanza media.
La vicerrectora académica de la Usach, Leonora Mendoza, fue categórica: "Las políticas de equidad no se eliminan cuando aún persisten las desigualdades que les dieron origen". La autoridad recordó que el acceso a la educación superior no empieza en la postulación, sino en las condiciones estructurales y en la confianza que construyen los jóvenes sobre sus propias capacidades.
Los números respaldan la defensa. Marco Iraola, coordinador del PACE en la Usach, detalló que cerca del 80% de los estudiantes acompañados logra ingresar a la educación superior. Nieves Hernández, de la UMCE, agregó que el programa ha llegado a más de 650 establecimientos en todo Chile, alcanzando a jóvenes que muchas veces carecían de información y oportunidades concretas para proyectar una trayectoria universitaria.
Jorge Roa, de la Universidad de Concepción, fue más allá: el valor del PACE trasciende lo que pueden hacer las propias universidades, porque ha contribuido a restituir el derecho a la educación superior de estudiantes provenientes de contextos históricamente vulnerados. Desde la Usach recordaron además que, desde 2016, ya han titulado a más de 400 estudiantes del programa.
El debate no puede reducirse a una discusión contable. Como señaló el académico Pedro Palominos en una columna de El Ciudadano, eliminar el PACE es desconocer que el mérito no se mide solo por un puntaje estandarizado, sino por la capacidad de superar la adversidad. La eficiencia fiscal jamás debería lograrse a costa de los sueños de quienes más necesitan del Estado para nivelar la cancha.
