Las calles de La Paz amanecieron mudas. No hubo tráfico, no hubo rutina. El paro nacional convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) vació la ciudad y encendió las alarmas de un gobierno que ya no sabe cómo contener la tormenta. Pero el silencio paceño no fue el único síntoma: los bloqueos de carreteras se multiplicaron y las marchas campesinas llegaron a la sede de gobierno después de 26 días de caminata desde Cobija, Pando.
El detonante inmediato es la crisis de combustibles. Los transportistas denuncian que el gobierno entrega "gasolina basura" que destruye los motores, y exigen que se les devuelva el dinero gastado en reparaciones. Pero el malestar va mucho más allá. Las leyes 1720 y 157, que según las organizaciones sociales buscan arrebatar tierras comunitarias para entregárselas a terratenientes y empresarios, encendieron la mecha de los pueblos indígenas y campesinos. La Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz anunció un bloqueo general e indefinido en las 20 provincias del departamento.
A esta ola se suma el transporte urbano, que declaró un paro indefinido a nivel nacional. En Cochabamba, campesinos de las 16 provincias y organizaciones del trópico preparan una gran concentración para esta semana. El rechazo es transversal: contra la corrupción, contra el narcotráfico enquistado en el poder, contra un modelo que prioriza a los grandes terratenientes por sobre el derecho a la tierra y al trabajo digno.
Lo que se vive en Bolivia no es un estallido aislado. Es la acumulación de años de promesas incumplidas, de un deterioro económico que golpea primero a los de abajo y de una clase política que parece sorda. La unidad entre obreros, transportistas, campesinos e indígenas demuestra que, cuando el pueblo decide movilizarse, ni el silencio de las calles vacías logra ocultar el ruido de fondo de una sociedad que exige justicia.
