El 29 de septiembre se juntaron en la Legislatura. Gente de los territorios alcanzados, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos. Iban a contar lo que pasó cinco días antes, cuando la Policía de Jorge Macri entró en quince barrios a la vez. Villa 31, Villa 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones, Fátima. Más de 1.500 efectivos. El Gobierno informó 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados, y presentó el procedimiento como parte de su política de seguridad y "ordenamiento del espacio público".
Los que viven ahí cuentan otra cosa. Violencia policial, hostigamiento, detenciones, herramientas de trabajo que se llevaron. Discriminación, racismo.
El CELS advirtió sobre una política que tiende a asociar pobreza, territorio y delito. Reclamó que el Estado garantice derechos en vez de reducir su intervención a la presencia policial. Para las organizaciones, la discusión no pasa por la cantidad de detenidos. Pasa por cómo se construye la imagen de esos territorios y de quienes los habitan. Espacios tratados como sospechosos, con controles que no se aplican igual en otros sectores. Esa mirada no se separa de la desigualdad urbana.
Se reclama vivienda, urbanización, salud, educación, trabajo, servicios. La respuesta que llega es el despliegue de fuerzas de seguridad. Para quienes viven ahí, más control sobre los que ya padecen desigualdad no es respuesta. Una ciudad integrada no se construye entrando a los barrios con 1.500 policías. Se construye garantizando que quienes los habitan tengan los mismos derechos que cualquier otro vecino.
La audiencia terminó. Las sillas se vaciaron despacio. Afuera, la ciudad seguía igual.
