El gobierno de Santa Cruz enfrenta un escándalo por su programa de merluza subsidiada. La empresa Vepez S.A., liderada por Luis Jones, aportó pescado almacenado desde hace tiempo en cámaras frigoríficas para sostener esta política de asistencia. Los gremios denuncian que se trata de mercadería vieja presentada como ayuda social.
La controversia se profundiza porque la misma firma se niega a convalidar aumentos salariales ya aceptados en otros puertos provinciales. Los sindicatos habían acordado replicar en Caleta Olivia las condiciones de Puerto Deseado: controles toxicológicos, aumentos salariales y exámenes preocupacionales. Sin embargo, Vepez pretende imponer nuevas exigencias consideradas discriminatorias contra trabajadores con problemáticas de consumo.
El conflicto escaló tras finalizar la conciliación obligatoria. Los gremios advierten que las prácticas empresariales violan la ley de salud mental y derechos laborales, lo que podría derivar en denuncias formales que pongan en riesgo permisos de pesca de las empresas involucradas.
La situación golpea al gobernador Vidal, cuya trayectoria se construyó desde el sindicalismo petrolero. Referentes obreros señalan que el mandatario recibe información parcial y termina siendo funcional a empresarios que buscan disciplinar trabajadores. "Le están vendiendo pescado podrido al gobernador", afirman, destacando cómo el plan beneficia políticamente a empresas con conflictos laborales abiertos.
Lo que comenzó como política para garantizar pescado en Semana Santa se transformó en un escándalo que expone tensiones entre gobierno provincial, empresas pesqueras y derechos laborales en disputa, revelando cómo las medidas asistencialistas pueden encubrir prácticas empresariales cuestionables y profundizar conflictos sociales.
