La Coalición Defiende Cabo Rojo convocó a una Marcha Nacional para el 28 de marzo contra el proyecto Esencia, un megadesarrollo que ha generado amplio rechazo popular. Más de 55 organizaciones magisteriales, culturales, de derechos humanos, científicas, ecologistas y políticas se han sumado al llamado, evidenciando la unidad multisectorial contra esta iniciativa. La movilización contará con apoyo solidario en Nueva York y Orlando, fortaleciendo la resistencia transnacional.
Esencia contempla la construcción de 1,132 residencias de lujo con precios entre 2 y 20 millones de dólares, 520 habitaciones de hotel, dos campos de golf y múltiples edificaciones en 1,549 cuerdas de bosque de alta biodiversidad. Este territorio equivale a tres isletas de San Juan y afecta directamente áreas catalogadas como Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico. La Coalición denuncia que el proyecto destruiría hábitats de especies endémicas y en peligro de extinción, dañaría sitios arqueológicos de pueblos originarios y privatizaría el acceso a la playa.
Lo más escandaloso es el esquema de financiamiento público: el gobierno ya otorgó al proponente 497.7 millones de dólares en créditos contributivos, más exenciones del CRIM, IVU y patentes municipales. El pueblo puertorriqueño, que sufre el alza en el costo de vida y carece de servicios esenciales, subsidiaría directamente un megaproyecto privado que incluiría su propia escuela y hospital exclusivos. Este modelo reproduce la lógica extractiva del neoliberalismo, donde los recursos colectivos se transfieren a élites mientras se profundizan las desigualdades.
La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental el pasado 25 de diciembre enfrenta cuestionamientos legales, pues existen 12 estudios científicos que no fueron incorporados. Tanto el Servicio de Pesca y Vida Silvestre como el Departamento de Recursos Naturales se oponen al proyecto. La resistencia popular evidencia que el desarrollo genuino no puede construirse sobre el despojo territorial y la exclusión social, sino desde la defensa colectiva de los bienes comunes y el derecho a habitar el territorio con dignidad.
