El oficialismo apunta a firmar el dictamen este martes y lograr la aprobación en Diputados el miércoles, en una semana clave para el futuro de la protección ambiental en Argentina. La presencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en las comisiones parlamentarias no es casual: responde a intereses millonarios vinculados a la minería de litio que buscan flexibilizar las restricciones ambientales.
La reforma impulsada por el gobierno nacional busca habilitar la actividad minera en zonas actualmente prohibidas, levantando la bandera de un supuesto federalismo para transferir la autoridad sobre el inventario nacional de glaciares del Ianigla a las provincias. El objetivo concreto es excluir el ambiente periglacial de la protección y restringirla únicamente a cuerpos de hielo con "función hídrica" directa.
En Chubut, la situación es crítica. El río Chubut, única fuente de agua para más de 200.000 personas, depende en un 80% de una pequeña región en las nacientes de la cuenca donde las lluvias son intensas. Aunque la provincia cuenta con más de 400 glaciares, ninguno está sobre esta cuenca, que es un área periglacial muy frágil. La amenaza se multiplica con intentos de aprobación de cateos mineros en las nacientes del río y proyectos de explotación de uranio en la meseta central que ponen en riesgo de contaminación las fuentes de agua.
Las comunidades movilizadas no se quedan quietas. En apenas 48 horas reunieron más de mil firmas y convocan a marchar este martes en defensa de los glaciares. La resistencia popular crece ante lo que perciben como un nuevo capítulo de saqueo capitalista disfrazado de progreso. La narrativa oficial que desacredita el trabajo científico del Ianigla y minimiza la crisis climática encuentra su contraparte en la organización territorial que defiende el agua como bien común.
El conflicto expone las tensiones entre un modelo extractivista que prioriza ganancias privadas y la defensa de los recursos naturales estratégicos. Mientras los gobernadores presionan por mayores márgenes de explotación, las comunidades afectadas y organizaciones ambientales alertan sobre las consecuencias irreversibles de modificar una ley que protege ecosistemas fundamentales para el ciclo hídrico nacional. La disputa trasciende lo ambiental para convertirse en una batalla por la soberanía sobre los bienes comunes.
