La propuesta gubernamental, presentada en medio de una inflación que no cede y registra aumentos del 2,9%, fue considerada una burla por las organizaciones gremiales. Los docentes no solo exigen salarios que guarden relación directa con el costo de la canasta familiar, sino también la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el cumplimiento efectivo de la actual Ley de Financiamiento Educativo. El pliego de reivindicaciones incluye además mayores recursos para comedores escolares, copa de leche, infraestructura y construcción de nuevos establecimientos.
Desde CTERA advierten que el desfinanciamiento actual está asfixiando a las provincias y pone en riesgo el funcionamiento operativo del sistema educativo. La negociación pasó a un cuarto intermedio ante la falta de una oferta superadora, pero el gremio ratificó la profundización de su plan de lucha nacional. Este incluye la exigencia de una nueva norma legislativa que eleve la inversión educativa al 8% del PBI, una demanda histórica que choca frontalmente con las políticas de ajuste del actual gobierno.
El rechazo docente se suma a otras derrotas judiciales para el movimiento sindical, como el revés sufrido por la CGT en su cautelar sobre la Justicia Nacional del Trabajo. En Tierra del Fuego, los despidos masivos generaron paros y movilizaciones con respaldo del Frente de Sindicatos Unidos, mostrando cómo la conflictividad laboral se extiende por todo el país. La educación pública, históricamente bastión de resistencia frente a los embates neoliberales, vuelve a demostrar que no está dispuesta a aceptar migajas mientras el gobierno insiste en políticas que profundizan la desigualdad y precarizan el trabajo docente.
