Virginia Aparicio trabaja en la estación experimental del INTA en Balcarce y es profesional del CONICET. Desde 2018 participó en la gestación de un proyecto de la convocatoria Horizonte 2020 que financia la Unión Europea. El proyecto se llamó SPRINT y arrancó en septiembre de 2020. Ella lo cuenta con precisión: se firmó un convenio de consorcio, la institución avaló todo, y el trabajo de campo se hizo con comunidades del sudeste bonaerense. Argentina fue el único país fuera del núcleo europeo invitado a participar. El muestreo se hizo acá, en España, Holanda, Dinamarca, Italia.
Los resultados llegaron. En Argentina se analizaron 206 productos diferentes en suelo, lombrices, granos, materia fecal humana y animal, orina, sangre. Aparicio lo dice sin vueltas: hasta ahora se habla mucho de exposición aguda, del contacto con un solo producto en mucha cantidad, pero casi nada se sabe del efecto acumulativo de mezclas distribuidas por todos lados. En el polvo que barre una casa hay más de veinte plaguicidas. Un nene juega en el piso, se toca las manos, se las lleva a la boca.
Cuando tuvieron los datos, no la dejaron hacer la devolución a los voluntarios que habían donado muestras de sangre, orina y materia fecal. En diciembre de 2023 el INTA pidió salir del consorcio. Un montón de gente se quedó sin la información prometida.
Su abogado, Mario, lo plantea con crudeza. Primero hubo censura. Después, persecución. El INTA se asustó con el diagnóstico y decidió no publicitarlo, guardarse esos datos de salud pública para una región agrícola y ganadera plagada de agrotóxicos. Aparicio inició un sumario administrativo junto a otros compañeros. El informe final, que todavía no les notificaron, pide exonerarla. La exoneración no es solo perder el trabajo: implica no poder volver a entrar a la administración pública nacional en todo el país.
Las imputaciones, según el abogado, no tienen asidero. Le reprochan un perjuicio material al Estado cuando las remesas llegaron todas de la comunidad europea y fueron auditadas internacionalmente. INTA no pagó un peso. También le pidieron los datos personales de setenta y pico de voluntarios que habían firmado pactos de confidencialidad. Se negó. Ahora le imputan haberse negado a brindar información a sus superiores.
Aparicio no está sola en esto. El abogado aclara que en Europa hay peores índices de contaminación que acá. La diferencia es que allá abordan el problema y buscan qué prácticas cambiar. Acá se tapan la cabeza con la frazada. Y el mensaje de que solo nosotros tenemos el problema es falso: si nos cierran los mercados no será por investigar, será por no solucionarlo.
