El jueves 24 de septiembre, más de 1500 policías y agentes de control de Espacio Público entraron a la vez en 15 villas y barrios populares. Controles de personas y vehículos, inspección de comercios, retiro de objetos del espacio público. Es la segunda vez que el gobierno de la Ciudad organiza un despliegue así, después del de mayo.
En la Villa 21-24, vecinos grabaron intervenciones contra personas en situación de calle que intentaban resguardar sus colchones. Denunciaron que la policía les sacó herramientas de trabajo. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones arbitrarias y lesionados, según el Ministerio Público de la Defensa porteño. Uno de los detenidos estaba en situación de calle dentro de la misma villa. El mismo día, el INDEC anunció el agravamiento de la pobreza.
El gobierno entiende esos territorios como zonas de ocupación. Decide qué cuerpos controla la policía, qué familias deben demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse. No hubo áreas de desarrollo social, sino dispositivos para convertir a los vecinos en sospechosos. La gestión abandonó la integración sociourbana. En Palermo, Caballito o Núñez no existen operativos así.
La confiscación de pertenencias, mercadería o herramientas priva a esas personas de los medios indispensables para subsistir. El Estado se hace presente para agravar la vulnerabilidad con la fuerza. Cuando la policía se retira, no queda ninguna otra política pública: apenas videos para el marketing del intendente. En el primer Tormenta Negra, el gobierno declaró 17 detenidos y la Defensoría registró 13. La sospecha sobre la falta de controles vuelve a abrirse.
Los barrios populares se vuelven un espacio cada vez más separado del resto de la ciudad. Una política de saturación policial que ignora las necesidades de quienes viven allí profundiza las desigualdades que debería combatir.
