El régimen de José Antonio Kast firmó una resolución que elimina la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, una decisión que representa un golpe directo a los procesos de regularización territorial y consulta previa. La medida, contenida en la resolución exenta N°386 del 19 de marzo, responde a instrucciones del Ministerio de Hacienda para implementar recortes del 3% en el gasto público, bajo el discurso de "austeridad fiscal" que caracteriza esta administración.
Esta unidad especializada, creada en 2017, tenía funciones cruciales: garantizaba la pertinencia territorial indígena, otorgaba certeza jurídica sobre tierras ancestrales, facilitaba el acceso de comunidades a programas de vivienda y desarrollo, y coordinaba la implementación del Convenio 169 de la OIT. Su desaparición afecta directamente a miles de familias mapuche que esperan regularizar sus títulos de dominio, con cerca de 16 mil carpetas pendientes solo en La Araucanía, procesos que ya demoraban alrededor de cinco años.
La exconvencional constituyente Rosa Catrileo denuncia que "vamos retrocediendo, vamos quitando institucionalidad que va con el discurso del gobierno". Desde la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, Hugo Alcamán señala la contradicción flagrante: mientras figuras de la derecha como el senador Rodolfo Carter hablan de combatir la pobreza en La Araucanía, eliminan precisamente los mecanismos que permiten a las familias acceder a la regularización de sus tierras.
El exministro de Bienes Nacionales durante el gobierno de Gabriel Boric, Francisco Figueroa, califica la medida como "un grave retroceso" que debilita la capacidad estatal para producir cohesión territorial. La diputada Emilia Nuyado es más contundente: "El racismo es evidente!!! Y advertimos que estas medidas van contra los acuerdos y tratados en materia de Pueblos Originarios".
Esta acción se suma al retiro de 43 decretos supremos de protección ambiental, configurando un patrón sistemático de desmantelamiento institucional. El gobierno insiste en que la supresión "no afecta la vigencia de los compromisos institucionales", pero la realidad muestra que eliminar las estructuras especializadas equivale a vaciar de contenido los derechos reconocidos. En un país que arrastra una deuda histórica con sus pueblos originarios, esta decisión no es solo un recorte presupuestario: es una declaración política que prioriza la lógica neoliberal sobre los derechos colectivos y la justicia territorial.
