El presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley que buscan abordar la violencia escolar mediante medidas punitivas y controles estrictos, generando inmediatas críticas del Colegio de Profesoras y Profesores y de la oposición política. Las iniciativas, presentadas tras el trágico ataque en Calama donde una inspectora fue asesinada, incluyen modificaciones al Código Penal para agravar delitos en recintos educativos y el programa "Escuelas Protegidas" con controles como revisión de mochilas y prohibición de ocultamiento facial.
El primer proyecto establece nuevas circunstancias agravantes para delitos cometidos contra la comunidad educativa, sancionando con mayor severidad las agresiones a estudiantes, docentes o asistentes. El segundo paquete, denominado "Escuelas Protegidas", contempla cinco medidas concretas: revisión de mochilas y pertenencias personales, "docentes empoderados" con facultades disciplinarias ampliadas, sanciones por interrupción de clases, inhabilidad para acceder a gratuidad universitaria para condenados por delitos graves, y prohibición de accesorios que impidan la identificación facial.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, cuestionó duramente las propuestas calificándolas de "absolutamente pobres" frente a la profundidad del problema. "Lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas", señaló Aguilar, destacando la ausencia total de abordaje a la crisis de salud mental que afecta a la sociedad chilena. El dirigente gremial advirtió sobre la peligrosa equiparación entre protestas pacíficas estudiantiles y actos de violencia grave, además de criticar la sanción de por vida a jóvenes que cometan faltas a temprana edad.
La oposición política también manifestó su desacuerdo con las iniciativas, abriendo un flanco de críticas al Ministerio de Educación liderado por María Paz Arzola. Kast defendió las medidas argumentando que "en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia", y cuestionó por qué estudiantes necesitarían cubrir sus rostros en establecimientos educacionales. El gobierno busca implementar estos controles como respuesta inmediata a la creciente preocupación por seguridad escolar.
La discusión revela una profunda divergencia entre el enfoque punitivo del gobierno y la perspectiva de quienes trabajan directamente en educación, quienes demandan soluciones integrales que aborden las raíces sociales y psicológicas de la violencia. El debate parlamentario promete ser intenso, con un gremio docente movilizado que exige políticas educativas centradas en el bienestar estudiantil más que en el control disciplinario.
