Ante la Asamblea General de la ONU, Keiko Fujimori repitió consignas de consumo interno. Pero esta vez asumió en persona el discurso que antes delegaba en su entorno: acusó al Poder Judicial de perseguir a militares y policías, y anticipó que su gobierno se opondrá a la administración de justicia sobre violaciones de derechos humanos.
La escena no es un exabrupto. Fuerza Popular controla el Congreso y desde ahí tejió una red de impunidad: una ley que prohíbe aplicar los tipos penales de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, otra que amnistía incondicionalmente a uniformados procesados o sin sentencia firme, y una tercera que amplía el "delito de función" para que esos casos caigan en el fuero militar-policial. A eso se suma el acoso contra jueces y fiscales que no acaten ese marco, mediante una Junta Nacional de Justicia digitada por el poder político.
Fujimori había cultivado la duplicidad. Se proclamaba respetuosa de las instituciones mientras su agrupación atropellaba al sistema de administración de justicia.
En la ONU optó por otra cosa: adherir en público al eje autoritario que avanza en el continente y criticar los sistemas internacionales de defensa de derechos humanos. Es la misma retórica que desmantela democracias bajo el pretexto de la seguridad.
El anuncio de declarar a las organizaciones criminales como terroristas es, en esencia, vacuo. Las fuerzas armadas ya pueden intervenir en apoyo de la policía bajo estados de emergencia. Nada cambia en el combate al delito, pero se eleva la estridencia y se genera una atmósfera de "guerra" donde peligran los derechos de quienes levanten la voz.
No es un gesto excéntrico. Es la incorporación del Perú a un concierto de regímenes represivos.
