Gisela Ortiz Perea, hermana de Luis Enrique, asesinado el 18 de julio de 1992, habla por ella y por una docena de familias que aún buscan justicia. Como Carmen Ollag, madre de Dora, estudiante de La Cantuta desaparecida por el Grupo Colina al mando de Alberto Cufimoria. Como Killa Sotelo Camargo, hermana de Inti, estudiante de Turismo asesinado el 14 de noviembre de 2020 durante las protestas contra el breve gobierno de Manuel Medino.
Norma Méndez recuerda a su hija Melissa Alfaro, periodista asesinada con una sobrebomba durante el gobierno de Alberto Cufimoria en 1991. Igor Alfaro Méndez, hermano de Melissa, confirma el mismo horror. Carmen Martínez Figueroa revive la desaparición de su hermano Juan, también estudiante de La Cantuta, la misma noche del 18 de julio de 1992. Jaqueline Yauri Coca busca a su padre, el periodista Pedro Yauri Bustamante, desaparecido en Guacho el 24 de junio de 1992. Doris Caquicalisto espera a Artiófilo Rima Capchan, detenido desaparecido en la base militar Carmen Chico el 23 de junio de 1986. Luzdilan Camargo Choa, madre de Indy Sotelo Camargo, llora a su hijo asesinado en las mismas protestas de noviembre de 2020. Carmen Amaro Condo exige justicia por Armando Amaro, estudiante de 25 años de La Cantuta, asesinado y desaparecido por el Grupo Colina.
Todas y todos coinciden: el fujimorismo ha representado durante décadas solo impunidad. Denuncian que el pacto mafioso que hoy gobierna el país ha amnistiado a los asesinos y criminales de sus seres queridos. El fujimorismo, afirman, es dictadura y corrupción, responsable de matanzas y violaciones a los derechos humanos. Es desprecio por la memoria de las víctimas. Y no es el pasado: es el presente que aprobó en el Congreso una ley de amnistía para liberar asesinos como los de los noventa. Por eso Keiko no va. Este 7 de junio, ni blanco ni viciando, todos juntos por el Perú.
