La Avenida Paulista fue escenario este sábado de una movilización masiva de mujeres que exigen la aprobación urgente del PL 896/23, proyecto que criminaliza la misoginia en Brasil. La presión sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), crece después de que el Senado aprobara la propuesta por unanimidad en marzo, con 67 votos a favor y ninguno en contra.
El colectivo Levante Mulheres Vivas convocó la protesta, que reunió a manifestantes en el icónico vão libre del MASP. La consigna era clara: que Motta someta el proyecto a votación sin más demoras. La propuesta, de autoría de la senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), tipifica el odio contra las mujeres como un crimen equiparable al racismo, con penas de dos a cinco años de prisión más multa. Hoy la misoginia se trata como difamación, con castigos que apenas llegan a un año de reclusión.
Sin embargo, la llegada del texto a la Cámara encendió las alarmas. La respuesta de Motta fue crear un Grupo de Trabajo coordinado por la diputada Tabata Amaral (PSB-SP). Diputados de la base aliada denuncian, en off, que se trata de una maniobra para "empujar la pauta con la panza" y enfriar la presión social. Un parlamentario señaló que si realmente hubiera voluntad política, el presidente podría haber puesto el proyecto en régimen de urgencia y llevarlo al colegio de líderes. La decisión de Motta no es inocente: los sectores bolsonaristas han salido en tromba contra el texto en las redes sociales, y el presidente de la Cámara no ha cedido a las presiones de la militancia feminista.
El proyecto ya había generado controversia en el Senado. El senador Eduardo Girão (Novo-CE) intentó incluir una enmienda para blindar manifestaciones artísticas, científicas y religiosas, pero su propuesta fue rechazada. Damares Alves (Republicanos-DF), por su parte, alertó sobre una supuesta "banalización" de la Ley del Racismo. La relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS) logró mantener el texto base, que ahora espera en la Cámara.
La movilización del sábado no fue un hecho aislado. Se replicaron 27 actos en todo el país, mostrando que la lucha contra la violencia machista trasciende las fronteras de São Paulo. La pregunta que queda flotando es si el Grupo de Trabajo servirá para mejorar el texto o, como sospechan las organizaciones, para enterrarlo en discusiones interminables. La historia reciente del Congreso brasileño muestra que, cuando hay voluntad política, los proyectos avanzan. La duda es si la presión de las calles será suficiente para vencer la resistencia de quienes no quieren ver la misoginia tratada como lo que es: un crimen de odio.
