Los trabajadores de Lácteos Verónica llevaron su conflicto al Concejo de Rosario buscando respaldo político ante lo que denuncian como un claro cuadro de vaciamiento empresarial. La situación se agrava con siete meses sin cobrar salarios, pérdida de cobertura de salud y una parálisis productiva que configura un escenario crítico para las familias afectadas. La diputada nacional Julia Strada elevó la denuncia al Congreso, poniendo el foco en las maniobras societarias que podrían estar detrás del desguace de una de las firmas históricas del sector lácteo.
La trama empresarial muestra movimientos sospechosos: la firma vinculada Las Becerras S.A. dejó de proveer materia prima a la láctea, redirigiendo su producción a otras compañías del sector. Se crearon nuevas sociedades anónimas con objetos similares a la actividad láctea, lo que según los trabajadores podría facilitar una transferencia de activos. Estos movimientos refuerzan las sospechas sobre un desguace deliberado que busca despojar a la empresa de su capacidad productiva.
El reclamo ahora apunta a escalar en la agenda política nacional para forzar una intervención estatal que permita destrabar el conflicto. Los trabajadores exigen que alguien obligue a la empresa a regularizar la situación o cerrar como corresponde, garantizando sus derechos laborales. La falta de respuestas en instancias administrativas y judiciales profundiza la incertidumbre entre quienes ven peligrar sus fuentes de trabajo en un contexto de ajuste económico generalizado.
Esta lucha expone las contradicciones del modelo neoliberal que prioriza la rentabilidad empresarial sobre la dignidad laboral. Los 700 trabajadores de Verónica representan la resistencia frente a prácticas de vaciamiento que buscan desmantelar la industria nacional. Su movilización muestra que la organización colectiva sigue siendo la herramienta fundamental para enfrentar los embates del capital concentrado, exigiendo al Estado que cumpla su rol protector frente a los abusos patronales.
